Categoría: Justicia

Construir una sociedad justa

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Diferentes referentes técnicos, sociales y académicos han apostado por poner en práctica la perspectiva de la organización Equidad para la infancia. Como resultado, se han propuesto diez recomendaciones:

Garantizar que las políticas e intervenciones incluyan explícitamente a las poblaciones excluidas y menos favorecidas, y tengan un foco central en la infancia, desde los primeros años de vida.

  • Priorizar enfoques comunitarios y basados ​​en contextos sociales, en lugar de aquellos enfoques que plantean una visión de “arriba hacia abajo”.
  • Incorporar el enfoque de equidad en la programación y las políticas basadas en evidencia.
  • Impulsar la participación de las poblaciones más vulnerables, en particular de niños, niñas y jóvenes, no sólo como beneficiarios sino también como agentes de cambio social.
  • Invertir en estrategias inclusivas de protección social, como un componente clave de la política pública.
  • Priorizar en políticas y programas de reducción de la pobreza y, al mismo tiempo, involucrar estructuras macroeconómicas a través de la tributación progresiva, y profundizando las medidas contra la corrupción, las transferencias financieras ilícitas y la evasión fiscal.
  • Establecer respuestas y políticas integrales para toda la vida y a partir de enfoques intersectoriales que aborden privaciones multidimensionales y superpuestas.
  • Desarrollar metas medibles para monitorear el progreso en la reducción de las brechas de desigualdad social y económica.
  • Promover e incorporar un enfoque de equidad en los marcos institucionales, organizativos y políticos, más allá de lo desarrollado en temas de género en las últimas décadas.
    Desarrollar una terminología coherente de los componentes clave del concepto de equidad.

Con estas bases, se hace necesario el desarrollo de intervenciones que permitan identificar y comprender los impactos de las inequidades, y que involucren la participación de la sociedad civil en procesos de contraloría social; sobre todo a partir del trabajo en contextos locales, tomando en cuenta las posibilidades de incidencia directa y entendiendo que la vida de las personas se moldea y se modifica profundamente según el lugar donde nacen, crecen, se educan y socializan.

Para esto también se requiere de mayores y mejores fuentes de información local, desagregada y confiable, que permitan construir intervenciones efectivas.

Para garantizar la vida y los derechos de la primera infancia en condiciones de equidad, hacemos énfasis en la urgencia de impulsar políticas públicas dirigidas a niños y niñas en situación de mayor desventaja (bien sea por cuestiones de pobreza, desigualdades de género y/o edad, de pertenencia étnica, de localización territorial, etc.). Es así que impulsaremos sociedades más justas, incluyentes y participativas, que tengan posibilidades de alcanzar la paz y el mayor grado de desarrollo humano para todos sus ciudadanos.

Nuevo Estado

Cambio de estado

Cosas vistas y cosas escuchadas recientemente hacen mas contundente mi afirmación que el Estado, o bien se reforma, o bien debe suprimirse. Si unos extraterrestres visitaran el planeta tierra y por casualidad, mala suerte o simple error sideral aterrizaran en cualquiera de nuestros países (resulta impensable que seres superiores e inteligentes quisieran -a propósito- visitarnos), regresarían despavoridos ante la sanguinaria bestialidad de nuestras instituciones.

El Estado y tras el todas las fuerzas colectivas que lo rodean -leyes, nación, ministerios etc.- ha sido no solamente apartado de su finalidad, sino que utilizado para contrariar su objetivo lógico. El Estado, como escribía Bastiat, se ha convertido en instrumento de todos los apetitos inmoderados, en lugar de servir como freno de los mismos. El Estado, realizando él mismo la iniquidad de cuyo castigo debe encargarse.

Todos los seres humanos poseen los derechos naturales de la Vida (física, intelectual y moral), la Libertad y la Propiedad. Estas tres cosas son anteriores y superiores a cualquier legislación o a cualquier concepción organizativa de los colectivos. Lejos de cumplir con su mandato de proteger los derechos individuales y sociales, el Estado y sus instrumentos se utilizan cada vez mas para beneficiar a grupos e individuos privilegiados, y especialmente para privilegiarse a si mismo, a través de todo el universo de instituciones que lo componen.

Cito textualmente: “…ha procedido en forma contraria a su propia finalidad; ha destruido su propia meta; se ha aplicado a aniquilar aquella justicia que debía hacer reinar, a anular, entre los derechos, aquellos límites que era su misión hacer respetar; ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieran explotar, sin riesgo y sin escrúpulos, la persona, la libertad o la propiedad ajenas; ha convertido la expoliación, para protegerla, en derecho y la legítima defensa en crimen, para castigarla.”

¿Suena familiar? Debería, pues las advertencias de los terribles efectos del saqueo y piratería legal son tan relevantes hoy como lo fueron el día en las emitió. Este sistema de saqueo legal ha logrado borrar de nuestra conciencia la distinción entre la justicia y la injusticia, entre lo moral e inmoral. Expresado de manera simple, entre lo bueno y lo malo.

Yo quiero un Estado mucho más pequeño, restringido a la prevención de interferencias con los derechos individuales en lugar de ser el principal entrometido. Es decir, una Miniarquía. Sobre este punto, me remito a Ludwig von Mises: «el fin único de las normas legales y del aparato estatal de coacción y compulsión es permitir que la cooperación social funcione pacíficamente.» Se trata, entonces, de estudiar cada posible actuación y función del Estado para determinar si lleva a una mejora en esa cooperación o a un empeoramiento. Mises realizó dicho estudio mediante la ciencia de la praxeología, que estudia la acción humana. Es decir, analizó los efectos que tiene la intervención gubernamental sobre las acciones humanas y cómo repercute esto en la sociedad. Y una de sus importantes conclusiones fue que tales intervenciones crean males peores que aquellos que pretendían enderezar.

Quiero un estado que se encargue únicamente de la provisión de bienes públicos. Estos son bienes que deben estar disponibles para todos, con la implícita imposibilidad de excluir del consumo del mismo a nadie. Sobre este punto, si bien existe amplia literatura académica, debo recordar a mi entrañable maestro James Buchanan. Para que se aprecie que no soy un extremista neoliberal, pongo ejemplos de lo que podríamos definir como bienes públicos (tanto puros como impuros): salud, saneamiento, educación, seguridad. Ya está. El Estado y sus instituciones no deben abordar el resto de bienes.

Introducción a la Teoría de la Privatización de la Justicia

Una de las creencias más arraigadas en el mundo occidental es la de que las leyes y el Estado nacieron juntos y morirán juntos. En otras palabras, la creencia de que sin un Estado que administre la justicia y la función policial, la sociedad acabaría sumiéndose en el caos y en la violencia, esto es, en la hobbesiana guerra de «todos contra todos».

 

El Derecho autoritario, en oposición al consuetudinario, tiene su origen en la guerra y la violencia, esto es, en el deseo de poder de reyes y gobernantes, que utilizan el Derecho como fuente de ingresos y como vehículo para afirmar su dominio. Los sistemas autoritarios se caracterizan por la marginación de la costumbre, por el olvido de la víctima, por la creación de una maquinaria de transferencias de renta y por el colectivismo y la propiedad pública. La legislación suele ser el resultado de las presiones que los grupos de intereses ejercen sobre los gobernantes. No hay que olvidar que las doctrinas de Kelsen, principal teórico moderno del Derecho autoritario o positivo, justificaron tiranías como la de Hitler o Stalin. Todo esto trae como resultado la amoralización general de la sociedad, tan característica de los sistemas colectivistas y totalitarios.

Las consecuencias del monopolio estatal sobre la justicia son claras: lentitud, utilización política de la legislación y la judicatura, falta de flexibilidad ante los cambios, falta de claridad en las sentencias, multiplicación de los litigios… En cuanto a la Fiscalía, al ejercer el monopolio de la defensa ante las agresiones en régimen de bien público, siempre se enfrenta a un exceso de demanda de sus servicios, así como al excesivo y totalitario poder discrecional que disfrutan, lo que posibilita la inequidad, la corrupción y la persecución selectiva de los delitos. Las causas hay que buscarlas en el sistema de incentivos a que se enfrentan los funcionarios de la justicia y del orden público. La Fiscalía tiene un incentivo perverso, puesto que su prestigio y presupuesto dependen directamente del número de detenciones, sean estas legalmente correctas o no. Asimismo, los fiscales tienden a negociar las sentencias para elevar su currículo de condenas, que es la fuente de su reputación. En general, los funcionarios de la justicia y del orden público tenderán a perseguir sus intereses personales o corporativos, en detrimento de los intereses de las víctimas de los delitos.

Para Enrique Pasquel, el caso del servicio de justicia, parece quedar bastante claro que no sólo existen argumentos considerables para que no lo preste íntegramente el Estado, sino que además bajo un esquema de mercado y competencia se generaría un beneficio social importante. El hecho de que el servicio de justicia sea público desde hace unos buenos siglos –y además de manera simultánea en prácticamente todo el mundo– no es un argumento lo suficientemente fuerte como para elevarlo a la calidad de dogma y no cuestionarlo; es solamente anecdótico.

Abandonemos, pues, la creencia de que el servicio de justicia tiene que ser prestado íntegramente por el Estado. No seamos presa fácil de condicionamientos enajenantes ni de argumentos que no resisten el menor embate de la razón.

Quiero un Rey

En su libro “Democracy: The God That Failed” (Democracia: el dios que falló), Hans Hoppe contrasta y compara a las monarquías dinásticas con las repúblicas democráticas.

Para él, un monarca dinástico (rey) es como el “dueño” de un país, ya que la propiedad del territorio es pasada de generación en generación, en tanto que un presidente elegido democráticamente es como un “cuidador provisional” o un “arrendatario”. Tanto el rey como el presidente tienen un incentivo para EXPLOTAR al país para su propio beneficio. Sin embargo, el rey también tiene un interés que funciona como contrapeso ya que le interesa mantener el VALOR del país en el largo plazo, en la misma manera en que el dueño de una casa tiene un interés en mantener su valor capital (a diferencia de un arrendatario).

Al ser temporales, los funcionarios democráticamente elegidos tienen todos los incentivos para saquear la riqueza de los ciudadanos productivos tan pronto y rápido como les sea posible.